Aprueban reestructura de la deuda pública para saneamiento financiero de la Entidad

Los diputados que conforman la Sexagésima Sexta Legislatura en el 
Congreso del Estado, aprobaron el dictamen por medio del cual se 
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, para que celebre los actos que se requieran para formalizar la 
reestructura o refinanciamiento de la deuda pública directa, indirecta y 
contingente a su cargo.
El diputado Jesús Valenciano, expuso en Tribuna que de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios, los gobiernos de los estados están 
facultados para asumir compromisos de pago o realizar el 
refinanciamiento o reestructura de sus deudas u obligaciones, y se 
incluyen los gastos y costos relacionados con la formalización de los 
mismos.
Explicó que derivado de lo anterior, la mejora en las finanzas de la 
Entidad, podrá formalizarse mediante la reestructura, la cual, 
consistirá en la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto 
modificar las condiciones originalmente pactadas de uno o más 
financiamientos o el refinanciamiento.
Mencionó que estos, podrán incluir la emisión de valores bursátiles, por 
parte del Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, entidad de la administración pública 
paraestatal, fideicomiso público de estas instancias de gobierno, cuyos 
recursos se destinen a liquidar o modificar, total o parcialmente, una o 
más, obligaciones de pago o financiamientos.
Jesús Valenciano, informó que para celebrar las operaciones, se harán 
conforme a los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor 
Costo Financiero y Obligaciones a contratar con cualquier persona física 
o moral, legalmente autorizada, de nacionalidad mexicana.
El monto es un total de 48 mil 855 millones, 075 mil 421 pesos, el cual, 
podrá variar hasta por un equivalente a la diferencia entre el valor de 
la Unidad de Inversión publicada por el Banco de México entre la fecha 
de aprobación del Decreto y la fecha en que se refinancien o 
reestructuren las obligaciones vigentes pactadas.

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