Expide Congreso del Estado la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua

Se conforma por 4 títulos en los cuales a su vez se enuncian 
diversos capítulos para incluir todos y cada uno de los procedimientos 
que deben contemplarse/

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, expidió en 
Sesión Ordinaria, la Ley de Justicia Administrativa del Estado. “Esta 
nueva Ley, se justifica plenamente ya que constituye parte del andamiaje 
jurídico necesario e imprescindible para la cabal implementación y 
funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, entendido como todas 
las instituciones, personas y elementos que lo componen en su sentido 
más amplio”, señaló la diputada Ana Estrada, Presidente de la Comisión 
Legislativa de Anticorrupción.
Con este nuevo ordenamiento, el Poder Legislativo chihuahuense brinda 
nuevas herramientas para la correcta y eficaz aplicación de un sistema 
anticorrupción, impulsado no solo en Chihuahua, sino a nivel nacional.
La Legisladora señaló al dar lectura al Dictamen, en qué consiste cada 
uno de los títulos que confirman este nuevo ordenamiento.
Dentro del primer Título de la Ley, el Capítulo Primero, establece que 
los juicios que se promuevan ante el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, se regirán por esta normativa, sin perjuicio de lo 
dispuesto por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte y se establece también la aplicación supletoria de la 
legislación procesal civil aplicable.
Además se señala que la autoridad demandada deberá indemnizar a la 
persona afectada por el importe de daños y perjuicios causados, cuando 
cometa falta grave, para determinar lo anterior se enuncian los casos 
específicos en que habrá de configurarse esta, al dictar la resolución 
impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de 
impugnación de que se trata.
En el mismo Título, se señala también que la suspensión del juicio podrá 
ser parcial o total, y se hará por desistimiento de la parte demandante; 
cuando durante el juicio sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia; en el caso de fallecimiento de la parte demandante 
durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte 
deja sin materia el proceso; si la autoridad demandada deja sin efecto 
la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la 
pretensión de la parte demandante; si el juicio queda sin materia y en 
los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para 
emitir resolución de fondo.
El Título Segundo denominado: “De la substanciación y resolución del 
juicio”, en su Capítulo I, se disponen las formas en que podrá 
presentarse la demanda, pudiendo ser por escrito directamente ante el 
Tribunal, o a través del Servicio Postal Mexicano, por correo registrado 
con acuse de recibido, y se señalan, así mismo, lo plazos en que deberá 
de realizarse.
Los requisitos para presentar la demanda son: nombre, denominación o 
razón social de la parte demandante, de quien promueva en su nombre, así 
como el domicilio para oír y recibir notificaciones; la resolución que 
se impugna; la autoridad o autoridades demandadas o el nombre, 
denominación o razón social; los hechos que den motivo a la demanda; las 
pruebas que se ofrecen, regulando lo relativo a cada tipo de prueba; los 
conceptos de impugnación, datos generales de la tercera persona 
interesada; lo que se pide y la manifestación de someterse, o no, al 
mecanismo alternativo para la solución de controversias.

En el Capítulo II, se señala que admitida la demanda se correrá traslado 
de ella a la parte demandada, emplazándola para que la conteste. Por su 
parte, el Capítulo III enumera, como su nombre lo dice, lo respectivo a 
la conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias.

Respecto a las medidas cautelares, éstas se encuentran en el Capítulo 
IV, y con ello se asegura la eficacia de la sentencia, y se evita que el 
litigio quede sin materia.

En el Capítulo VI se dispone lo necesario para que la parte actora esté 
en posibilidad de probar todos los hechos que se pretende sean 
reconocidos o se haga efectivo un derecho.

Otro de los capítulos detallan lo referente al cumplimiento de la 
sentencia y la suspensión, en donde se establece que las autoridades 
demandadas como cualquier otra relacionada, están obligadas a cumplir 
las sentencias que dicte el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 
en los casos en los que esta declare la nulidad, o bien, sea en sentido 
condenatorio; para ello se podrá requerir a la autoridad demandada para 
que informe al respecto en el término de tres días.

Para finalizar, la legisladora informó que el Decreto entrará en vigor 
el día en que se emita la declaratoria de instalación del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, hasta en tanto esto suceda, el Poder 
Judicial del Estado, a través de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo y Fiscal, conocerá de los asuntos en la materia, debiendo 
concluir los que se encuentren en trámite, conforme a las disposiciones 
del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 30 de diciembre de 1970.

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