Reforma Congreso del Estado la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia


Con la finalidad de conceptualizar las obligaciones de la Fiscalía 
General del Estado y del Instituto Estatal Electoral en materia de 
violencia política contra las mujeres, dentro del Decimosexto Periodo 
Extraordinario de Sesiones, el Congreso del Estado, llevó a cabo una 
serie de adiciones a la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

El diputado Miguel La Torre Sáenz, vocal de la Comisión Segunda de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, al dar lectura al Decreto, señaló 
que le corresponde a la Fiscalía General del Estado promover, y proteger 
el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y 
ofendidas en casos de violencia política contra las mujeres.

De la misma manera, a la Unidad de Igualdad de Género del Instituto 
Estatal Electoral, le corresponde prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política en contra de las mujeres.

Además, recopilar estadísticas sobre la realización de dicho tipo de 
violencia política en el ámbito electoral que permita diagnosticar el 
problema y diseñar acciones concretas; realizar una difusión permanente 
en los medios de comunicación respecto a las conductas, acciones u 
omisiones que conllevan a la violencia política, la prevención, formas 
de denuncia y conciencia sobre la erradicación de la violencia política 
en contra de las mujeres.

Dicho Instituto, habrá de capacitar sobre violencia política contra las 
mujeres a simpatizantes, militantes, precandidatos, candidatos de los 
partidos políticos o independientes, funcionarios de mesas directivas en 
jornada electoral y al personal que labora en el propio Instituto, e 
incluir en sus programas de capacitación y formación sobre medios de 
impugnación electoral el tema de la violencia política, incentivando el 
litigio estratégico en estos casos.

Cabe mencionar que al dictamen se agregó la petición realizada por el 
diputado Rubén Aguilar, integrante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido del Trabajo, por medio del cual solicitan la destitución de los 
funcionarios públicos que hayan incurrido en casos de violencia política.

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