Tipifican diputados la violencia política contra las mujeres por razones de género


Con reformas a la Constitución Política, al Código Penal y a la Ley 
Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso local, adecuó las 
herramientas legales que serán útiles para prevenir y erradicar la 
violencia política de género en nuestra sociedad.

El vocal de la Comisión legislativa Segunda de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, Miguel La Torre, señaló en la lectura del Decreto por 
medio del cual se realizan las adecuaciones a los ordenamientos antes 
señalados, resaltó que a nivel nacional se ha emprendido una lucha para 
erradicar este tipo de violencia hacia la mujer, por lo que en lo 
particular, el Congreso de Chihuahua, realiza lo propio.

La violencia política de género en el marco normativo nacional, se 
define como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función 
del poder público, manifestándose a través de la presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o 
privación de la libertad o de la vida en razón del género, por lo que 
Chihuahua redefine dicho acto, y la adecua conforme al marco nacional, 
señaló el legislador.

En lo que respecta a la reforma a la Constitución Política de Chihuahua, 
fue reformado su artículo 4^o , en el que se establece que todas las 
mujeres en el Estado tienen derecho a una protección y atención efectiva 
contra todo tipo de violencia y el incumplimiento de este derecho será 
sancionado por la Ley.

Dentro el Código Penal del Estado, se adicionó una fracción V al 
artículo 30, agregando alCatálogo de medidas de seguridad, el 
tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la 
violencia política.

Además dentro del Título Décimo de Delitos Contra la Dignidad de las 
Personas, el Capítulo de la Violencia Política, se estableció que se 
impondrá de tres a siete años de prisión, de cien a mil días multa, y 
tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la 
violencia política a quien por sí, o a través de terceros, por medio de 
cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer por razón de 
género, cause daño físico, psicológico, sexual o económico y tenga por 
objeto o resultado la restricción, suspensión o impedimento del 
ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo; 
o la induzca u obligue, por cualquier medio, a tomar decisiones en 
contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos.

Por último se destaca que la pena aumentará si el delito se comete en 
contra de mujeres embarazadas, adultas mayores, de pueblos originarios, 
en condición de discapacidad, sin instrucción escolarizada básica, o por 
orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, si dicha acción es perpetrada por quien está en el servicio 
público, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o 
por persona que esté en funciones de dirección en la organización 
política donde participe la víctima.

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